Gran Bretaña constituye en estos momentos uno de los representantes más genuinos de las naciones que aspiran a convertirse en un estado policial. Miles de cámaras, demostradas inútiles para prevenir el terrorismo o la delincuencia, escrutan permanentemente cada esquina de Londres bajo la manida excusa de la seguridad nacional. Estrictas regulaciones controlan las comunicaciones de los ciudadanos, mientras gobierno y ejército compiten un día tras otro en demostrar su incapacidad para proteger los millones de datos que recopilan.Sin embargo ayer, los parlamentarios de Su Graciosa Majestad dieron un paso adelante en la protección de la privacidad... siempre que sea sólo la suya...
Al parecer andaban sus señorías muy preocupadas porque un alto tribunal británico había acordado en Mayo pasado que sus direcciones personales debían ser de dominio público, a fin de que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho a controlar si sus declaraciones de bienes se correspondían con la realidad.El gobierno británico tardó sólo dos meses en adoptar las medidas pertinentes para oponerse a esta decisión judicial, argumentando razones de seguridad nacional y el derecho de los parlamentarios a no ser molestados.
Dicho y hecho. Ayer mismo, el parlamento británico acordó que los nombres y direcciones de los parlamentarios (e incluso de los candidatos a serlo) han de ser mantenidos secretos.
Porque yo lo valgo.
Extraído de Kriptópolis
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